Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España
Desde un principio, con el diseño de las leyes de copyright la intención no ha sido otra que reconocer y premiar al artista por su obra. De esta manera los autores se verían amparados ante el uso no autorizado de sus creaciones y serían retribuidos por la exhibición pública de éstas. Así que el parlamento inglés aprobaría en 1710 el Estatuto de la Reina Ana, reconocido como la primera ley que recogió el derecho de autor, allanando el camino a otros estados hacia su implantación (en España no llegaría hasta 1762 bajo el reinado de Carlos III). La tendencia se constataría con la firma de diversos acuerdos multilaterales como el Convenio de Berna en 1886, la Convención Universal sobre Derechos de Autor en 1952 o la Carta del Derecho de Autor en el año 1956.
Si bien, lo novedoso residiría en el cambio que llevamos experimentando desde hace unas décadas con las modernas técnicas de reproducción de obras impresas y, ante todo, desde principios de siglo con la revolución de Internet y la aparición de nuevos formatos digitales, propiciando la mayor difusión de información desde la ‘era Gutenberg’. Por tanto, esta potencial distribución multiplataforma que brinda la Red, al alcance de no pocas personas, se ha traducido hasta nuestros días en una continua carga y descarga de contenidos por parte de unos usuarios beneficiados con tal escenario.
Ahora bien, si por un lado se presume cierto consenso entre autores y consumidores en torno al debate sobre la descarga ilegal de contenidos y la gratuidad, no quedarían tan despejadas otras cuestiones como la orientación del mercado hacia un modelo de negocio alternativo -en demanda por los usuarios-, el papel de los intermediarios (la Sociedad General de Autores y Editores, las industrias culturales, etc.) o el planteamiento y puesta en vigor de determinadas leyes antipiratería.
Javier de la Cueva, abogado y experto en propiedad intelectual, reflexiona en torno a interesantes conceptos tales como Creative Commons, cuya alternativa al copyright es abrigada por un número creciente de autores o autores-consumidores (prosumer). De igual forma, rompe lanza en favor de un modelo de negocio más justo y de una terminología más adecuada:
Tras la puesta en vigor el pasado jueves 1 de marzo, tras dos años de tramitación, del nuevo marco regulatorio conocido como ‘Ley Sinde-Wert’, numerosos internautas, en oposición a las recientes palabras del ministro José Ignacio Wert, ya han expresado su malestar, por considerar que dicha ley, además de venir a ser una presumible respuesta hacia las presiones del gobierno de Estados Unidos, se serviría de recursos antidemocráticos para llevar a cabo un procedimiento que muchos no han dudado que resultará ilícito.
Alejandro de la Fuente Escribano
2º de Periodismo e Historia
2 comentarios:
Montserrat Díaz Santos
2º de Periodismo
Por una parte es lógico que se proteja la autoría de lo que hace la gente pero esa no es la cuestión, sino si las medidas tomadas son las adecuadas.
Está claro que con la evolución de las tecnologías es necesario que se creen leyes y organismos nuevos que puedan permitir proteger la autoría de las cosas que se hacen, porque es necesario que esté regulado. Pero no nos engañemos en los casos de la ley Sinde, la SGAE, la SOPA…se hace por las distribuidoras y demás industrias intermediarias que no quieren dejar de ganar toda la cantidad de dinero que han ganado hasta el momento. Como vimos en Nuevas tecnologías con Marian los autores reciben una ínfima parte de los beneficios, y las empresas intermediarias se forran a su costa.
Este tipo de cosas debería llevarse a cabo por el poder judicial y en realidad está completamente politizado, los políticos se han metido en un ámbito que a mi parecer no les compete, el judicial, que no es otra cosa que una demostración del intento de acaparar cada vez más ámbitos y por tanto más poder.
En mi opinión si lo que se pretende es que la gente compre más, no va a funcionar, porque si no te puedes permitir algo no lo compras, simplemente descenderá nuestro nivel de consumo, es decir, no consumiremos tanto como cuando lo obteníamos gratis, nos aguantaremos y ya está. Por tanto, para los que se supone que se benefician con esta ley las cosas van a seguir igual que están ahora.
Villar Recuenco López
2º de periodismo
Ya comenté algo de esto en una de las primeras entradas del blog. A lo que dije he de añadir la ineficacia de la ley Sinde-Wert. Y no lo digo yo, lo dicen los propios artistas. El caso de Eme Navarro llama la atención.
Él es un músico y miembro de la SGAE que recién estrenada la nueva ley denunció a webs por enlazar una canción con copyright (que había compuesto para este fin). La compuso a través de una página web organizada por Hacktivistas.org en la que los usuarios solo han de copiar la URL y compartirla. Se trata de una acción que trata de “hacer frente a la inseguridad jurídica y a los mecanismos de control de Internet que impone la ley”, según Hacktivistas.org; que, además, cuentan con el apoyo de Partido Pirata, 15M y demás colectivos y particulares que quieren demostrar que la ley no soluciona ningún problema, más bien es un parche mal puesto a un descosido (Internet) al que, creo, no están sabiendo amoldarse como sería conveniente.
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